Ecologistas Malaka

Campaña

EN DEFENSA DEL USO PÚBLICO
DE LAS PLAYAS DE MARBELLA

¿POR QUÉ?

Si las playas son de todos los ciudadanos de Marbella, ¿por qué algunos chiringuitos se saltan la Ley de Costas y lo estipulado en las propias autorizaciones? ¿Por qué se está permitiendo verdaderos bloques de hormigón en las mismas playas?

 

NUESTRO RETO

Ayúdanos a luchar contra las ilegalidades y a defender las playas como verdaderos ecosistemas marítimos que son. Los chiringuitos pueden y deben existir pero cumpliendo la legalidad.

Con nuestro reto y tu granito de arena pretendemos poner en marcha una campaña de nuestras playas y sus ecosistemas marítimos con el establecimiento de un soporte jurídico que busque evitar y/o  limitar  los usos irregulareslos excesos de  ocupación y  la consolidación de estos bloques de  hormigón en plena playa, con;

  • La presentación de alegaciones a todos estos nuevos proyectos.
  • Denuncias y solicitud de caducidad de muchas licencias concedidas de reforma y construcción de chiringuitos de hormigón.
  • Denuncia de apertura de procedimientos sancionadores por excesos de ocupación de los chiringuitos existentes.
  • Denuncia de incumplimientos del título concesional de los establecimientos existentes, en el uso de materiales y vegetación no autorizados, en no permitir el uso público de los baños, en usar la zona de Dominio Público marítimo-terrestre para aparcamiento, en limitar o eliminar los accesos a la playa, etc.

 

COSTE DE LA CAMPAÑA

El gasto de esta campaña de defensa de nuestras playas va destinado a remunerar las horas de trabajo de un jurista y un técnico en la elaboración, presentación en sede administrativa y judicial, el seguimiento y rendición de las gestione y cuentas de cada una de estas iniciativas para que los mecenas de esta campaña de crowdfunding conozcan todos los trámites y procedimientos realizados, así como los objetivos logrados.

No hay un presupuesto fijo para realizar este control administrativo y jurídico completo, pero sí se pueden hacer estimaciones de costo de cada una de las acciones a realizar en el año 2020 y 2021, con dos objetivos de campaña:

Primer objetivo:

  1. Oposición a las nuevas concesiones mediante la presentación de alegaciones con un coste de 2.000 euros.
  2. Denuncias y solicitud de caducidad de las licencias de reforma y construcción de hormigón y ladrillo concedidas en los últimos 2 años alegaciones con un coste de 2.000 euros.
  3. Denuncias y solicitud de apertura de procedimientos sancionadores por excesos de ocupación con un coste de 2.000 euros.

Estas actuaciones formarían parte del primer objetivo de la campaña. Si conseguimos llegar a este objetivo iríamos al segundo objetivo de la campaña que sería:

Segundo objetivo:

  1. Denuncia de incumplimientos del título concesional con un coste de 2.000 euros.

 

UN POCO DE HISTORIA

La Ley 22/1988 de Costas representó en su día uno de los esfuerzos legislativos más considerables y casi sin precedentes en la historia legislativa costera del estado español con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos el uso y disfrute de un bien común: la costa y su entorno. Pero hay que reconocer que lamentablemente no ha sido todo lo efectiva que se hubiera esperado.

En 1988, momento de redacción de esta ley de protección de nuestras costas, ya existía una enorme presión demográfica hacia el litoral, lo que provocó que alrededor de un 40% de la costa española estuviera urbanizada o tuviera la calificación de urbanizable. A día de hoy el avance del ladrillo en las costas, tras el boom de la construcción, ha arrasado con los recursos naturales que proporciona el litoral y sus ecosistemas.

Así lo señala el informe A Toda Costa, elaborado por Greenpeace y el Observatorio de la Sostenibilidad. El informe arroja el siguiente dato: el 80% de los recursos ambientales que provee la costa están degradados debido a la urbanización masiva. Concretamente, en los últimos 30 años (desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988), la superficie de costa urbanizada se ha duplicado, pasando de 240.000 a 530.000 hectáreas, lo que supone que un 13,1% de la costa española está urbanizada frente al 2% del interior del territorio nacional.

La urbanización del suelo y la destrucción de sus ecosistemas se concentra en el Mediterráneo y Atlántico sur, especialmente en las provincias de Barcelona (40,9%), Málaga (26,2%) y Alicante (28,5%). Tampoco dentro de cada región se distribuye por igual: la transformación es más intensa cerca del mar. Así, un 36,5% de la línea de playa está urbanizada en España y más de un tercio de los ecosistemas colindantes han sido destruidos por la acción humana.

Se ha producido además con demasiada frecuencia la desnaturalización de porciones del dominio público marítimo terrestre, no sólo porque se ha reconocido la propiedad particular, sino también por la privatización de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones de la ribera del mar han quedado injustificadamente sustraídas al disfrute de la colectividad.

Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo al mismo borde de la playa o del mar y una ocupación excesiva de las playas por parte de los establecimientos de playa que va en aumento, así como la sustitución de otros con instalaciones desmontables por edificaciones fijas de obra.

Marbella no se ha librado de este proceso de ocupación creciente del dominio público marítimo terrestre. Nuestros 27 kilómetros de costa lo jalonan más de medio centenar de chiringuitos, con sus hamacas, sombrillas y actividades náuticas, la inmensa mayoría en régimen de concesión administrativa, e inmersos en una compleja realidad administrativa. En la actualidad se están tramitando nuevas ocupaciones con algunos quioscos chiringuitos en nuestras playas, algunas de ellas en las zonas más naturales que aún quedan.

Estas concesiones son autorizaciones que el ayuntamiento pide a la administración competente (Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía), y que una vez está lo concede, el ayuntamiento, mediante un concurso público, cede su explotación a un particular, durante un determinado número de años.

Aunque la Ley de Costas establece que estas tipo de concesiones se ubiquen en  dominio público marítimo-terrestre siempre y cuando se justifique, que no  pueden  ubicarse  en  los terrenos colindantes con dicho dominio, lo cierto es que casi todos están en dominio público,  y  cuando se  solicitan  reformas,  estas se consolidan con sótanos, plantas y entreplantas, terrazas, hechas con cimentación de hormigón y ladrillo en plena playa, algunas contradiciendo el propio principio de permeabilidad del paisaje (que no impida el disfrute de las vistas del mar por parte de sus ciudadanos como ya ha ocurrido con alguno nuevo chiringuito en la zona urbana de Marbella).

Con esta campaña queremos defender el derecho de toda la ciudadanía al disfrute del litoral y a una ocupación racional y sostenible de este espacio natural, integrando no solo el enfoque productivo y turístico sino también enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta los límites biológicos de Marbella y la conservación de sus ecosistemas marítimos.

Para ejercer esto con rigor y garantías de éxito, es necesario disponer de técnicos y juristas que conozcan estas tramitaciones y la legislación a la que se acogen, principalmente;

  • Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, Reglamento General de Costas,
  • Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral.
  • Decreto 66/2011, de 29 de marzo, funciones, medios y servicios traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral,
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
  • Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

Puedes colaborar con la campaña EN DEFENSA DEL USO PUBLICO DE NUESTRAS PLAYAS en:

https://www.migranodearena.org/reto/no-est-n-robando-laplaya-campa-a-en-defensa-de-las-playas-de-marbella